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Cárcel de Puente Alto: El brote que remece a la red penitenciaria

Una fina hilera de humo negro tiñe el cielo de Puente Alto. En calle José Manuel Irarrázaval, afuera de la cárcel de la comuna, las voces apremiantes se agolpan interrumpiendo las explicaciones apresuradas: adentro no está pasando nada, insisten los gendarmes.

por Rodrigo Verdejo

Una fina hilera de humo negro tiñe el cielo de Puente Alto. En calle José Manuel Irarrázaval, afuera de la cárcel de la comuna, las voces apremiantes se agolpan interrumpiendo las explicaciones apresuradas: adentro no está pasando nada, insisten los gendarmes. ¡Cómo que no!, retrucan los familiares, que no esconden su desasosiego. Temen por sus hijos, por sus hermanos, por sus presos. Es 29 de marzo y se acaba de anunciar el primer contagiado de Covid-19 al interior del penal. Los presos queman papeles, diarios y cualquier elemento combustible en señal de protesta, exigen medidas sanitarias de inmediato. Éste era el primer incidente que registraría el recinto penitenciario en medio de la pandemia, que desde esa fecha se ha visto marcado por conflictos, motines y un posible cierre parcial.

Josué tiene 26 años y hace tres está preso. Cumple condena por hurto agravado desde el 2017 en el Centro de Detención Provisoria (CDP) de la comuna de Puente Alto. Un penal construido y diseñado para 500 personas, pero que en realidad alberga 1.132 internos en un régimen normal.

Ahora, bajo las actuales condiciones sanitarias que obligan a todo el país a redefinir su concepto de normalidad, luego de traslados e indultos, en el penal habitan 821 personas privadas de libertad, de las cuales 291 han padecido Covid-19. Y Josué es una de ellas.

Desde ese 29 de marzo que se registró el primer contagiado de Covid-19 al interior del recinto penitenciario, el virus y la tensión se propagaron rápidamente por esta cárcel enquistada en una zona residencial de la comuna de Puente Alto, hasta el punto de convertirse en el penal más crítico de toda la red penitenciaria.

“Un verdadero infierno”

Esa mañana de miércoles 22 de abril se anunciaba tranquila. Se percibía en el ambiente una quietud inusitada que no correspondía con el movimiento frenético de internos y gendarmes que había remecido los días anteriores al CDP de Puente Alto. Calma que, sin embargo, no tardaría en romperse en los próximos minutos.

“La unidad penal está en conflicto grave y cinco compañeros fueron tomados como rehenes”, decía el mensaje que recibió esa mañana Felipe Rodríguez, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) y gendarme de la Cárcel de Puente Alto hace 23 años, quien en ese momento cumplía cuarentena en su casa desde hace seis días: su examen PCR había arrojado positivo el 16 de abril.

Angustiado, Felipe rápidamente dio aviso desde su residencia a los demás dirigentes y funcionarios penitenciarios que estaban de franco para que concurrieran al penal a reforzar la unidad y contener la situación que, a esa hora de la mañana, ya había trascendido a la prensa: más de 60 internos del dormitorio tres de la Torre 1 habían urdido un motín para escapar del penal y -encapuchados y provistos de armas cortopunzantes- tomaron como rehenes a cinco de sus carceleros. Despojados de sus uniformes e identificaciones, los gendarmes estuvieron retenidos durante 15 minutos en la Torre 1. Finalmente, un equipo antimotines de Gendarmería logró rescatar a sus colegas y calmar los ánimos con los internos.

“Ese mismo día sacaron a 14 internos que eran los que organizaron el motín y toma de rehenes, salieron trasladados la mayoría de los cabecillas de este movimiento”, recuerda Felipe. Ese evento -reconoce- ha sido el más crítico que el CDP de Puente Alto ha enfrentado durante la pandemia, aunque no el único.

El primer intento de motín se registró el 30 de marzo, un día después de que se detectara el primer contagiado al interior del recinto penitenciario. Un video grabado y difundido por los presos denunciaba que había más reclusos que padecían Covid-19 y emplazaban a las autoridades a tomar medidas para contener la propagación del virus dentro del penal. El levantamiento terminaría con 26 internos heridos y dos gendarmes con lesiones leves. Tres días más tarde el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico (Colmed) visitaba la Cárcel de Puente Alto.

“Las graves deficiencias del CDP de Puente Alto para enfrentar el brote de casos de Covid-19, constituyen un problema de Salud Pública y no solo un tema penitenciario”, se puede leer en una de las conclusiones del informe elaborado por el Colmed en su visita del 2 abril. El documento es lapidario: celdas de 80 metros cuadrados compartidas por más de 100 internos, sólo una enfermera y tres técnicos paramédicos para todo el recinto, tasa de ocupación penal que bordea el 226% y “malas condiciones de saneamiento existentes por la acumulación excesiva de basura”, detalla el informe.

Hacinamiento, insalubridad y precariedad eran las condiciones que constataba el Colegio Médico y que, de no ser resueltas, constituían un grave peligro para la población penal, advertían.

El 17 de abril empezaba a regir en el país la ley de Indulto Conmutativo, que buscaba descongestionar las cárceles a través de beneficios para aquellos reos que pertenecieran a algún grupo de riesgo o cumplieran condenas por delitos de baja intensidad. En Puente Alto, sólo el 3% de la población penal recibió ese beneficio. Los reos de la Torre 1, indignados por saberse excluidos de la medida, fraguaron otro intento de motín que perpetraron el domingo 19 de abril. Gendarmería también frustraría esa tentativa de escape.

Al día siguiente y a raíz de la sucesión de motines, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) visitaba el recinto para fiscalizar las condiciones de habitabilidad y sanitarias de los presos de Puente Alto. Luego de esa visita, el director del INDH, Sergio Micco, advertía con una frase resuelta y perentoria la gravedad de la situación: “Es un verdadero infierno lo que se vive allí”.

81 Razones por luchar

Los mensajes lo desbordan. En su trabajo como conserje de un departamento ubicado en la comuna de Ñuñoa, César Pizarro, fundador de la ONG 81 Razones por luchar, se reconoce sobrepasado por las 30 ó 40 denuncias diarias que recibe de presos o sus familiares acusando malos tratos y vejámenes al interior de alguna cárcel de Chile en el contexto de la pandemia. “Es una inmensa pega que nos pasa la cuenta”, admite.

César fundó la agrupación 81 Razones luego de que su hermano Jorge muriera calcinado en el incendio de la Cárcel de San Miguel en diciembre de 2010. Desde entonces -y como misión de vida-, se dedica a velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y últimamente la mayoría de las denuncias que recibe provienen de Puente Alto.

Por esa razón, César decidió interponer un recurso de amparo a favor de todos los presos del CDP de Puente Alto y específicamente a favor de 16 reos de la Torre 5 que se encontrarían aislados del resto de la población penal, de los cuales dos de ellos padecerían tuberculosis. “Por no contar con ninguna garantía de salubridad, se pide de forma urgente, el cierre temporal o definitivo de la Cárcel de Puente Alto”, demandaba el recurso.

Petición que el 12 de mayo fue parcialmente acogida por el Juzgado de Garantía de la misma comuna, en una audiencia citada para fiscalizar las condiciones sanitarias del penal. El magistrado, Rodrigo Hernández, solicitó al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Salud evaluar en un plazo de diez días el eventual cierre de la Cárcel de Puente Alto.

“La cárcel se tiene que cerrar porque no cumple con ningún estándar ni medida de seguridad, si la cárcel se quema se mueren todos, porque es lo mismo que la Cárcel de San Miguel: no tiene ninguna salida de emergencia. Si acá hay un incendio van a morir todos de nuevo”, advierte César al teléfono, mientras va camino hacia su casa en la población Pablo de Rokha, comuna de La Pintana.

A los pocos días de la resolución del juzgado, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, desestimó la posibilidad de un cierre parcial del penal de Puente Alto, aduciendo que se ha “logrado disminuir de 1.200 a 800 las personas que se encuentran en dicha cárcel y hemos logrado trasladar a personas que se encuentran sanas a otras unidades penales del país”.

“Va a quedar la cagá”

El calor está pesado y la fila de espera aún es larga. Es la tarde del lunes 20 de abril y Priscilla Órdenes visita a su hermano menor, Josué, en la Cárcel de Puente Alto, como tantas otras veces desde hace tres años. Pero esta vez es diferente: no podrán verse ni saludarse ni abrazarse. Las visitas están suspendidas desde el 30 de marzo. Ahora en la encomienda que pronto le hará llegar van mascarillas, botellas de cloro y guantes de látex; a diferencia de las naranjas o el pollo con arroz que solía llevarle, antes de que la pandemia se dejara caer.

Hace unos días Josué fue dado de alta y está de vuelta en la Torre 1, luego de 14 días de aislamiento. No presenta síntomas, pero aun así Priscilla está preocupada: “Ahora mi hermano me dice que no los dejan ni salir, diez minutos y chao. Ellos igual necesitan salir al sol, a tomar aire y los tienen encerrados todo el día. Mi hermano me decía: «hermana, en cualquier momento va a quedar la cagá de nuevo»”.

Priscilla denuncia que los malos tratos se repiten, que las represalias de los gendarmes por la sucesión de motines suelen ser golpes, castigos desproporcionados e incluso torturas. “A pesar de que estaban afiebrados, les pegaron a todos los cabros que hicieron el motín. Nosotros vimos unos videos y a ellos los tuvieron tres horas sentados en cuclillas y sin ropa en el patio”, sostiene.

A Josué sólo le restan tres meses de condena. En tanto, Priscilla recorre cortes y juzgados buscando que su hermano pueda cumplir esos tres meses restantes bajo arresto domiciliario, porque teme que pueda volver a contagiarse. “Yo sé que mi hermano hizo un delito que no tenía que haber hecho, pero para mí igual es persona”, afirma con voz segura.