Iglesia y aborto: las barreras morales contra la voz de la mujer

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Por Florencia Marín
Consejera territorial de Humanidades, Universidad Católica de Chile

Este lunes 21 de agosto el Tribunal Constitucional aprobó el proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales luego de rechazar la apelación constitucional de Chile Vamos, coalición política de derecha y centro derecha, que buscaba frenar la implementación de la ley que permite el aborto en caso de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Esta ley presentada por el gobierno modifica el artículo 119 del Código Sanitario1, establecido durante la dictadura, en el cual se establecía que no se podía ejecutar ninguna acción cuyo fin fuera provocar un aborto. Igualmente, modifica el artículo 344 del Código Penal, en el cual se leía: “La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo”2. De esta manera, las mujeres a las cuales se les realice un aborto de acuerdo con las tres causales establecidas están facultadas por ley para poder realizar este tipo de procedimiento, sin ser perseguidas penalmente.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional acogió la solicitud de Chile Vamos de respetar la llamada ‘objeción de conciencia’,  facultad que permite que el personal médico pueda negarse a realizar abortos bajo el amparo de las tres causales -determinación que ha quedado en una nebulosa en cuanto a su delimitación- dado que no se conocen los fundamentos que respaldan esta decisión, ni tampoco quién es el “objetor de conciencia”: ¿una persona natural o una institución?

Es a esto último a lo que se ha aferrado el rector de la UC, Ignacio Sánchez, para afirmar en sus últimas declaraciones que “nuestra red de salud UC-Christus implementará este mecanismo. Reiteramos que no se realizarán abortos en nuestra institución“, igualmente, declaró que en la UC no estarían dispuestos a recibir médicos que decidan por el aborto3.

No es sorpresa para los estudiantes de la Universidad Católica que esta sea la postura del rector y, por tanto, de la universidad como institución. El carácter católico de la casa de estudios ha mediado constantemente el discurso de la universidad, especialmente en cuanto al aborto, al declararse “provida” (a pesar de que la pasividad institucionalidad de la UC frente a los 28 detenidos desaparecidos de la casa de estudio nos hace dudar de esta autodefinición). Así, este lunes ya pudimos ver los campus con gigantografías como “Ahora más que nunca, la UC por la vida”. ¿La UC de quién? De los estudiantes no parece ser, porque a nosotros ni un cuestionario nos llegó.

Ahora bien, la Iglesia no ha irrumpido en el debate únicamente en la UC, sino que ha llegado incluso a ser referencia argumentativa en las múltiples declaraciones que se dieron el viernes pasado en el Tribunal Constitucional. Allí, se citó varias veces la biblia y a Dios durante la discusión. Me parece que hablar de Dios y el catolicismo, especialmente referirse a la Iglesia, en temas de salud pública no es solamente contraproducente para una discusión próspera, sino que recae en lo absurdo.

Primero, viendo la historia de la iglesia católica, ésta siempre ha optado por la jerarquización de los sexos y ha dejado siempre a la mujer en una posición secundaria, confinándola a labores de casa, cuidado de hijos, a no poder separarse de un marido que la golpea, a aguantarse. La Iglesia fue la primera en declararse en contra de la ley de divorcio en Chile, alegando que “con el Santo Padre hemos reiterado ‘no os dejéis invadir por el contagioso cáncer del divorcio, que destroza la familia, esteriliza el amor y destruye la acción educativa de los padres cristianos” (Palabras del Papa Juan Pablo II a las familias de Chile). Incluso en su propia institución las mujeres son relegadas a un segundo plano, sin poder ser curas, obispos ni papas. Y es porque la iglesia siempre ha optado por la opresión de la mujer. En el nuevo testamento incluso se lee: «Vuestras mujeres estarán calladas en las reuniones, porque no les está permitido hablar, sino que estarán sujetas a la Ley: Tu voluntad será sujeta a tu marido, a él obedecerás. Si quieren aprender alguna cosa le preguntarán en casa a sus maridos, porque es una cosa deshonesta que hablen las mujeres en la congregación» (Corintios, 14;34-35). De acuerdo con el Nuevo Testamento la mujer pertenece al hombre, es su accesorio, su objeto y, por tanto, debe obedecer a él. No debe ser una sorpresa para nosotros entonces que la Iglesia hable del cuerpo de la mujer como si fuese público, dejándola subyugada, una vez más al decreto de los hombres. Que la UC se niegue a realizar abortos por ser católica no es sólo una cuestión de moralismos católicos siempre-por-la-vida, sino que responde a una mantención histórica de la mujer en una posición inferior, coartando el poder de decisión sobre sus propios cuerpos.  

En segundo lugar, apelar a la moralidad, o sea, a debatir entre lo ‘bueno’ y lo ‘malo’, nos ha entrampado en un debate de no acabar. Tener estas discusiones en otro tipo de instancias puede ser fructífero, sin embargo, basar nuestra argumentación en ello en una instancia legislativa recae en la insensatez, dado que la relativización de ambos conceptos sólo permite que las personas se basen en referencias como la fe para tomar decisiones. La Iglesia se ha abocado en su generalidad al debate ético en torno al aborto -lo cual provoca que los argumentos sean terminales- es decir, que no sean realmente rebatibles, dado que son posturas morales que no suelen ser intercambiables.

Por lo mismo, acudir a datos cuantitativos entrega una mirada más concreta y nos puede llevar a conclusiones menos relativistas. A pesar de que es difícil calcular datos exactos de abortos en Chile (por su misma ilegalidad), según cifras del Ministerio de Salud, se realizan más de 33.000 abortos por año, o sea, 90 abortos diarios en promedio. En cambio, estudios no gubernamentales sitúan la cifra entre 60.000 y 70.000 abortos al año4, es decir, 192 abortos diarios en promedio.Debe considerarse que gran parte de los abortos que llega al conocimiento público son aquellos que presentan complicaciones en su ejecución o después de ella y, por tanto, las mujeres que lo realizan deben concurrir a centros médicos para ser posteriormente denunciadas ante la justicia.

Se deben considerar también los datos de abuso sexual y violación para entender el porqué de la tercera causal en la nueva ley (interrupción de embarazo por violación),la que ha sido más repudiada por el conservadurismo. De acuerdo con la unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, en el año 2011 en Chile, 17 personas son violadas cada día y 34 abusadas sexualmente. Así también, el total país revela que de 52 delitos de este tipo que se cometen diariamente, 38 afectan a menores de edad5.

Primero, es importante recalcar que no ha sido posible probar que prohibir el aborto implique que se efectúen cuantitativamente menos o más interrupciones de embarazos en promedio -dado que es difícil fiarse de las cifras institucionales-, por lo que su prohibición carece de sustento. La prohibición solamente ha logrado que las mujeres deban abortar de manera clandestina, usualmente las mujeres de menores recursos que no tienen los medios para ser tratadas en clínicas privadas o viajar a países donde el aborto es libre. Por lo mismo, es más usual conocer historias de mujeres de bajos recursos que sufren complicaciones en sus abortos y que por asistir a un consultorio a buscar ayuda, son posteriormente castigadas por la ley.

La prohibición del aborto en Chile es también un problema de clase. Que el Estado haya ignorado estos factores por tanto tiempo y que la Iglesia todavía lo haga -resguardandose en valores éticos para no afrontar la realidad- me parece extremadamente irresponsable. Lamentablemente, la Iglesia tiene aún mucho poder, no únicamente a nivel de la población, sino también a nivel institucional en las altas esferas de nuestro país, por lo que decisiones de este tipo son mermadas por los preceptos religiosos de algunos.

Seguir aceptando argumentos de este tipo en favor de la mal llamada “libre expresión” nos daña como personas, como mujeres, como feministas. Una institución que nunca ha estado a favor de nosotras, que ha patologizado y demonizado la homosexualidad y el transexualismo, que siempre ha estado a favor de las esferas dominantes de nuestra sociedad, que ha reprimido la sexualidad femenina, que ha encubierto deliberadamente casos de pedofilia dentro de sus “casas del Señor”, que ha optado a través de la historia por mantenernos subyugadas ante un sistema injusto e inequitativo, no merece ser escuchada.

  1. Código Sanitario 14ª edición oficial D.F.L. 725/96
  2. Chile Art. 344 CP
  3. En BioBioChile http://rbb.cl/had2
  4. Datos del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva en Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2013, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, Santiago, 2013. La estimación se efectúa a partir de la tasa global de fecundidad, mujeres en edad fértil y mujeres que usan anticoncepción.
  5. Cuenta anual Fiscalía Nacional: el 74% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad. La Tercera. Publicado el 29 de abril de 2014. En línea: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/04/680-576014-9-cuenta-anual-fiscalia-nacional-el-74-de-las-victimas-dedelitos-sexuales-son.shtml